Cierre de vías públicas y discriminación

January 23, 2012 in Opinión

En las últimas semanas, fue revelado el trato discriminatorio que reciben asesoras del hogar y otros trabajadores en algunos condominios y un club en Chicureo. La prohibición de ingresar a ciertos lugares o restricciones para circular en las vías interiores se destacaron entre las exigencias impuestas por la administración de estos recintos.

En los condominios, los copropietarios  se acogen a una ley y a un reglamento para regular su convivencia. Evidentemente, dentro del condominio deben respetarse además el resto de las leyes que nos rigen. Aún cuando las medidas antes mencionadas se aplicaron en recintos privados, fueron consideradas inaceptables por la opinión pública. Una de las conclusiones a las que se puede llegar a partir de casos como el del Condominio El Algarrobal 2, es que urge tener una ley antidiscriminación en el país.

También se generó una polémica cuando a los hinchas de Colo Colo no se les permitió circular por las calles aledañas al Estadio San Carlos de Apoquindo en  octubre de 2011, el día que su equipo  disputaría un partido con la Universidad Católica.

Casos como estos nos duelen y avergüenzan, porque en pos de mantener el orden o la seguridad, se han aplicado medidas basadas en prejuicios, discriminación y desconfianza.

A partir de estos hechos, quisiera traer a colación otra disposición que también ha generado controversia, la facultad que tienen los municipios de autorizar el cierre de calles y pasajes para garantizar la seguridad de los habitantes. Las calles y pasajes son bienes nacionales de uso público (salvo los que se encuentran al interior de recintos privados, como un condominio) y su mantención está a cargo de los municipios. Esto significa que podemos circular libremente por estas vías y que los costos de reparar pavimentos, mantener áreas verdes y alumbrado público deben ser asumidos por una entidad pública.

Para cerrar una calle o pasaje, son los propietarios de las viviendas ubicadas en esa vía quienes deben realizar la solicitud. El único motivo aceptado para justificar el cierre es garantizar la seguridad de los vecinos. Podemos concluir entonces que la razón por la cual un grupo de personas se organiza para cerrar su calle es el miedo. Este puede estar basado en la experiencia o en prejuicios, en cualquiera de los dos casos existen mejores (pero más costosas) alternativas que una reja.

Cuando la decisión de solicitar el cierre de una vía se basa en una mala experiencia, estamos ante un caso más problemático. El aumento de la delincuencia en un sector de una ciudad es causado por factores diversos y complejos, que difícilmente pueden enfrentarse en el corto plazo. Además de la falta de oportunidades u otras problemáticas sociales (que no abordaré por encontrarse totalmente fuera de mi área de conocimiento), puede deberse a una planificación urbana deficiente, que fomente la segregación o dificulte el acceso a servicios, también puede deberse al diseño de espacios que no contribuyen a una buena percepción de seguridad. Frente a este problema, vale la pena cuestionarse si la instalación de un cierre es la intervención más adecuada o contribuye a causar el efecto contrario al deseado. Al cerrar una vía, se puede facilitar la apropiación de espacios colectivos por parte de grupos que generan el conflicto, por otra parte, disminuye la percepción de seguridad en el espacio que queda al exterior.

Si lo que motiva el cierre es la desconfianza, entonces estamos ante el mismo razonamiento que se ha aplicado con las asesoras del hogar y los hinchas descrito al inicio de esta columna. El apoyo que requiere una comunidad que tiene altos niveles de incertidumbre respecto de quienes la rodean no es ayuda para aislarse sino todo lo contrario. Conocerse para superar los prejuicios y apreciar la diversidad, generar redes y promover la integración son los desafíos en los que debieran concentrar sus esfuerzos los municipios y las razones que debieran motivar a una comunidad a organizarse, no una reja.

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